Entre 2023 y 2024, el BID, en colaboración con los gobiernos de siete países, realizó encuestas dirigidas exclusivamente a usuarias y usuarios de servicios públicos. El objetivo fue medir la experiencia de distintos grupos poblacionales con los servicios del gobierno y evaluar el nivel de preparación gubernamental para la prestación de servicios digitales. Estas encuestas, representativas de la población usuaria a nivel nacional, constituyen un esfuerzo innovador al enfatizar la recolección de información sobre variables clave como sexo, edad, etnia, situación de discapacidad, ubicación urbana/rural y nivel educativo de las personas que usan servicios del gobierno. Los cuestionarios recopilaron datos sobre conectividad, posesión de activos digitales, habilidades digitales, trámites realizados y la experiencia asociada, conocimiento de los servicios públicos digitales y experiencia con trámites sociales específicos.

Estas encuestas forman parte de un estudio más amplio sobre el uso de servicios públicos a nivel nacional. La base de datos resultante —Encuesta ciudadana sobre trámites gubernamentales y equidad (BID, 2025)— está disponible para consulta en el catálogo de datos del BID. La presente base de datos, titulada Encuesta a usuarios sobre trámites gubernamentales y equidad, reúne, por un lado, observaciones provenientes de recolecciones realizadas exclusivamente con usuarios en siete países y, por otro, observaciones de usuarios identificados dentro de encuestas representativas a nivel nacional (que incluyen tanto usuarios como no usuarios).

Con el fin de presentar un panorama general de 11 países, comparable con el de la Encuesta ciudadana sobre trámites gubernamentales y equidad (BID, 2025), para los cuatro países en los que no se realizó una recolección enfocada en personas usuarias se consideraron únicamente las observaciones de usuarios provenientes de la muestra representativa. Esta integración permite conformar una base de datos integral y representativa sobre la experiencia de las personas usuarias de servicios públicos en 11 países de América Latina y el Caribe.